TDR-TEC-077 APOYO A LA SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN DECENAL DE JUSTICIA

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Empresa

Checchi

Descripción de la Empresa

El Proyecto de Acceso a la Justicia de USAID (AJA por sus siglas en inglés), se enfoca en el fortalecimiento institucional para mejorar la prestación de servicios de justicia en las zonas de consolidación priorizadas por el Gobierno Colombiano. Con el Proyecto AJA 2013 – 2017, USAID espera consolidar avances previos por medio del fortalecimiento institucional, el trabajo con la comunidad y las organizaciones de base. Para tales fines el Proyecto se centrará, entre otras cosas, en fortalecer el Programa Nacional de Casas de Justicia y el Programa Nacional de Conciliación en Equidad, al igual que, en apoyar la implementación de reformas para aumentar la productividad en las instituciones del sector judicial, incluyendo los nuevos Juzgados y Salas de Restitución de Tierras, y en mejorar el acceso para las mujeres y los grupos menos favorecidos al sistema judicial colombiano.

Departamento

BOGOTÁ DC

Localidad

Bogota

Salario

A CONVENIR

Tipo de Contratación

Cualquiera

Descripción de la Plaza

I. Antecedentes
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) desarrolla el Proyecto de Acceso a la Justicia (AJA), a través de Checchi and Company Consulting Colombia (Checchi Consulting). USAID continua implementando sus programas de fortalecimiento del estado de derecho, consolidando avances previos, fortaleciendo las instituciones democráticas y elevando el nivel de acceso a la justicia en las áreas de consolidación, en particular, el acceso para las mujeres y los grupos menos favorecidos.
AJA ha venido implementando los Sistemas Locales de Justicia y la estratégia de ruralidad en 42 municipios de zonas de consolidación y el Gobierno Nacional, con el fin de generar un ambiente propicio al desarrollo de los Sistemas Locales y con el fin de articular la politica publica estatal en materia de justicia, ha venido impulsando una serie de programas y proyectos con un claro enfoque territorial.
En efecto, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, Todos por un Nuevo País, se aborda el tema de justicia, como una necesidad sentida de la población colombiana al señalar:
“Según la Encuesta de Necesidades Jurídicas Insatisfechas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013), el 51,9% de las personas encuestadas que tuvieron un conflicto no llevaron a cabo ninguna acción como respuesta, ya sea porque consideraron que el asunto no merecía ser llevado ante la justicia, tomaba demasiado tiempo o tenía demasiados trámites. Lo anterior, con el agravante que el 60% de la población se siente insatisfecha por haber tomado la decisión de no hacer nada frente a un conflicto, y que el 65% de los colombianos no cree en la eficacia del sistema de justicia a la hora de perseguir y juzgar delincuentes. De hecho, la prestación de los servicios de justicia carece de una adecuada articulación entre los actores institucionales competentes, la ausencia de procedimientos y procesos desde la perspectiva del ciudadano, de interoperabilidad de los sistemas de información y 335 de modelos integrales de gestión. Adicionalmente, parece existir una subutilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos de manera que solamente el 25% de las necesidades jurídicas de los ciudadanos se tramita mediante arreglo directo y el 2.9% de la población acude a un centro de conciliación”.
Así, se formula como objetivo el “Promover la prestación, administración y acceso a los servicios de justicia con un enfoque sistémico y territorial”. El desarrollo de este objetivo tiene la finalidad de crear sinergias a partir de la acción articulada y coordinada de los diferentes actores del Estado que participan en la prestación, administración y acceso a los servicios de justicia de acuerdo con las competencias establecidas tanto para las autoridades nacionales como territoriales investidas para la administración de justicia”.
Frente a este panorama de la justicia en Colombia, el artículo 108 de la Ley 1753 de 2015, prevé la elaboración y formulación del Plan Decenal del Sistema de Justicia como una herramienta que busca promover la coordinación, eficiencia, eficacia y modernización de la administración de justicia, y poder hacer frente a los desafíos que el Gobierno nacional pretende en el Fortalecimiento de los roles del Estado para el goce efectivo de derechos de todos los habitantes del territorio.
Este Plan Decenal del Sistema de Justicia, entendido como el conjunto de principios rectores de política, propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad del país en materia de justicia en los siguientes diez años, tiene un plazo para su formulación de dos años contados desde la publicación de la Ley 1753 de 2015.
Para el efecto, el Gobierno Nacional, la Rama Judicial y los Entes de Control se encuentran obligados a:
a) Realizar la formulación participativa del Plan Decenal del Sistema de Justicia;
b) Validar y formalizar el Plan Decenal del Sistema de Justicia;
c) Establecer la estrategia de implementación del Plan.
Este proceso de formulación debe ser asumido principalmente por el Ministerio de Justicia y del Derecho (quien tendrá a su cargo la secretaría técnica para la elaboración y seguimiento del Plan Decenal), el Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo; con la participación de las entidades territoriales, las autoridades administrativas, los particulares que ejercen funciones jurisdiccionales, los centros de conciliación y arbitraje y los operadores de justicia comunitaria, cooperantes internacionales, entre otros.
En este sentido, en virtud de la pretensión es que el Plan Decenal del Sistema de Justicia sea participativo, y que en la formulación y realización de sus propuestas logren intervenir todos los sectores, se ha establecido que el mismo tendrá una fase de “generación de espacios de participación” que permita la participación de dichas entidades territoriales, ciudadanos, actores del sistema de justicia, particulares que ejercen funciones jurisdiccionales y los grupos organizados de la sociedad relacionados con la justicia.
En esa medida se han de brindar los espacios idóneos que permitan la socialización de la propuesta del Plan Decenal y la generación de propuestas específicas de política. Así las cosas, estos espacios de participación territorial pretenden la realización de diferentes tipos de ejercicios con metodologías específicas para operadores de justicia y agentes estatales involucrados en la prestación del servicio; con sociedad civil organizada; y desde un enfoque diferencial, con autoridades y comunidades de los pueblos étnicos.
Sin embargo, debido a la magnitud de estos espacios de participación, algunos de estos se realizaron en:
a) En capitales de departamento y municipios de categoría 1 a 3 con presencia de entes universitarios autónomos que apoyen al Ministerio de Justicia y el Derecho en la formulación participativa del Plan.
b) Muncipios de consolidación en los que se encuentran estructurados o en proceso de desarrollo Comités Locales de Justicia o Sistemas Locales.
c) En municipios con presencia de comunidades étnicas. Este proceso de participación se hizo directamente con resguardos indígenas y autoridades tradicionales. La propuesta inicial de participación se formuló teniendo en cuenta el trabajo que vienen desarrollando el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Rama Judicial en el marco de las iniciativas de articulación de la jurisdicción ordinaria y la especial indígena, así como los compromisos con las negritudes y la población Rrom.

De estos espacios se logró capturar ordenadamente una gran cantidad de informacion sobre barreras de acceso, conflictividades y propuestas de politica pública. No obstante, dado el volumen de información es necesario sistematizar la misma con varios fines: a) dar cuenta de manera eficiente en el Plan de los aportes de los territorios; b) tener un control sobre que aportes fueron incorporados y cuales no, asi como las razones para la toma de estas decisiones; y c) contar con un ejercicio que permita en la fase de divulgación rendir cuentas a la ciudadanía sbre el tratamiento de su participación.
En este sentido, se requiere de un apoyo para el Ministerio de Justicia y del Derecho para el tratamiento o sistematización de la información y aportes para el Plan decenal.

II. Objetivo General

Contratar los servicios profesionales de un consultor para prestar, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, servicios profesionales en apoyo teórico y metodológico para la construcción del diagnóstico y la formulación del Plan Decenal de Justicia.

http://www.proyectodeaccesoalajusticia.com/ES/consultorias.html

Mínimo Nivel Académico Requerido

Universidad Completa

Mínimo Nivel de Inglés Requerido

Intermedio

Mínima Experiencia Laboral Requerida

3-4 años

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